Las organizaciones de Migreurop en España Andalucía Acoge, Asociación Elín, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Federación SOS Racismo denuncian que estas propuestas ponen en riesgo los derechos de las personas migrantes que viven en Europa.

Las organizaciones de Migreurop en España lamentaron que las medidas propuestas ayer por la Comisión Europea sobre la Directiva de Retorno son un nuevo paso en la construcción de la llamada Europa fortaleza y muestran la “obsesión de la Unión Europea  para expulsar a migrantes en vez de respetar sus derechos y plantear medidas para salvar sus vidas”.

Las entidades señalaron que la recomendación de ampliar hasta el periodo máximo de detención previsto en la directiva -18 meses- supone retomar una política de criminalización de las personas migrantes muy alineada con las medidas discriminatorias que en el otro lado de Atlántico Donald Trump está poniendo en marcha.

“Es lamentable cómo la UE parece querer rechazar a cualquier precio a las personas que buscan un lugar seguro en Europa y no parece importarle lo más mínimo que más de 5.000 de ellas perdieran la vida el pasado año”, destacan desde estas organizaciones. Durante 2017, 1 de cada 34 personas que intentaron alcanzar Europa murieron ahogadas en Mediterráneo, más del doble que en 2016.

Además, las 5 entidades afirman que la reducción de los plazos de recurso así como la aplicación de procedimientos acelerados supone un riesgo para los derechos de las personas migrantes que viven en Europa incluidos los menores acompañados.

“Con estas medidas solo se consigue bloquear cualquier posibilidad de acceder legalmente a Europa obligando a las personas a jugarse la vida para poder acceder de forma clandestina, fomentando desde la puesta en marcha de estas políticas, la aparición de organizaciones criminales que se lucran de esta situación de vulnerabilidad”, denuncian las ONG.

Ante la crisis humanitaria que se está viviendo a las puertas de Europa, la Comisión Europea impulsa una estrategia para una expulsión masiva, criminalizando a las personas migrantes y refugiadas. Además, refuerza la externalización de fronteras y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo firmando acuerdos con terceros países de devolución, como el recientemente firmado con Afganistán, o el planteado con Libia para que hagan el trabajo sucio en la contención de los flujos migratorios.

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