Facturación de la prestación médica, imposibilidad de solicitar consulta médica en atención primaria o la negativa a la expedición de la tarjeta sanitaria son los casos más comunes. Los casos, que afectan también a menores o embarazadas, han sido recogidos por diversas entidades sociales de toda la comunidad. Andalucía Acoge también destaca el esfuerzo realizado por la comunidad autónoma para tratar de garantizar la sanidad a todas las personas y por rechazar la reforma sanitaria del Gobierno central.

Desde el pasado 1 de septiembre, Málaga Acoge puso a disposición de todas las entidades un formulario electrónico a través del que registrar las diversas incidencias en la atención sanitaria de las que tuvieran conocimiento dichas organizaciones. Hasta el 15 de octubre, en toda Andalucía se han detectado 14 incidencias, 13 de las cuales son individuales y una colectiva. En total, han afectado a un total de 46 personas. Para la presidenta de Andalucía Acoge, Manmen Castellano, las cifras son «muy importantes» ya que muestran «tan sólo una mínima parte de los problemas ocurridos por las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en la atención sanitaria, ya que son sólo los detectados por las entidades sociales y seguro que hay otros muchos casos más que no llegamos a conocer por diferentes circunstancias».

Los problemas se han localizado en una veintena de centros de salud de cinco provincias andaluzas -Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Granada- tanto en las capitales como en ciudades como Algeciras, Jerez, Coín o Vélez-Málaga. Fundamentalmente, en ellas ha intervenido el «Personal administrativo / Atención al público» de estos centros. Las situaciones más frecuentes han sido la «Facturación de la prestación medica realizada», la «Negativa a la solicitud de consulta médica (atención primaria)» y la «Negativa a la expedición de nueva tarjeta sanitaria (o documento análogo)».

Llaman la atención especialmente dos casos que han afectado a menores de edad en situación administrativa irregular y uno a una mujer embarazada en situación regular. También destaca el hecho de que varios centros de salud, de distintos municipios, expidan las tarjetas sanitarias sin seguir los criterios comunes emanados de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Precisamente esa ha sido una de las peticiones que ha realizado Andalucía Acoge desde hace tiempo. La Federación ha solicitado a la Consejería unas instrucciones claras comunes a todos los centros de salud andaluces sobre el procedimiento para realizar la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.

De hecho, hay que reconocer que una buena parte de las incidencias se han solucionado después de la intervención de las entidades sociales gracias a una buena disposición y la colaboración de la Consejería de Salud. Sin embargo, tanto la tipología de las incidencias como la extensión de los centros de salud en los que suceden hacen necesaria un mayor esfuerzo de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en hacer llegar sus instrucciones a todos los centros de salud andaluces. «Un hecho que garantizará la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en las mismas condiciones a lo largo de toda la comunidad autónoma andaluza», según añade Manmen Castellano, presidenta de Andalucía Acoge.

Las incidencias recogidas en este informe, cuyo periodo es del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2012, han sido aportadas por distintas entidades sociales a través del formulario http://bit.ly/Incidencias_atencion_sanitaria. Dichas organizaciones son Andalucía Acoge (Algeciras Acoge, CEAIN, Málaga Acoge), Fundación de Solidaridad Amaranta, Médicos del Mundo y Mujeres en Zona de Conflicto.

Hay que recordar que la aprobación de los Reales Decretos Leyes 16/2012 y 1192/2012, promovidos por el Gobierno central y su entrada en vigor a partir del pasado 1 de septiembre, ha supuesto la exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria pública. Esta medida suscitó, además del rechazo de las entidades sociales, la oposición de varias comunidades autónomas – Andalucía entre ellas – que, en el ejercicio de sus competencias, aseguraron que iban a mantener la asistencia sanitaria para estas personas. Una iniciativa por la que Andalucía Acoge debe felicitar al gobierno de la comunidad autónoma. Sin embargo, en la práctica, no está ocurriendo así. Por eso, la Federación solicita más y mejores medidas para que la atención sanitaria a las personas en situación administrativa irregular sea un hecho, así como mayor difusión entre el sector sanitario, principalmente en los servicios de atención e información.

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