La visita, planteada por Migreurop como parte de su campaña Open Access Now, recibió el veto del Gobierno a la entrada de medios de comunicación.

En el día de ayer, 17 de noviembre, Andalucía Acoge y APDHA, integrantes de la red europea Migreurop, junto con representantes del Parlamento y de la Eurocámara, visitaron las instalaciones de los CIEs de Algeciras y Tarifa, en el marco de la campaña Open Acess Now, que reclama el derecho de fiscalización de los lugares de encierro de extranjeros a fin de dar a conocer la realidad y las condiciones de las personas que se encuentran en ellos. A la visita del día de ayer se suman las ya realizadas a los centros de Barcelona y Aluche, siendo el año que viene cuando será presentado el informe de resultados de la campaña.

El Gobierno central, por su parte, ha denegado el acceso (solicitado por Migreurop desde hace semanas) a los medios de comunicación, alegando motivos de preservación de la intimidad de las personas que allí se encuentran. Igualmente, a los representantes de las organizaciones y a los políticos que han realizado la visita, les han sido retirados los dispositivos móviles, pudiendo sólo acceder a las zonas comunes de las instalaciones. “Esto supone una muestra más de la opacidad del Gobierno respecto a los CIEs, ya que estos impedimentos tienen como objetivo evitar que la ciudadanía tenga conocimiento, información e imágenes sobre la realidad de lo que ocurre en ellos” apunta la europarlamentaria Marina Albiol.

En palabras de Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge “La visita no hace sino confirmar algo que ya sabemos, y es que, pese a que la ley dice que estos centros no tienen carácter penitenciario, en la práctica son cárceles encubiertas”. En el caso concreto del CIE de Algeciras, estuvo funcionando como centro penitenciario hasta el año 2000, y son numerosos los elementos de las instalaciones que recuerdan su anterior uso, desde las mamparas de cristal en la sala de visitas y las letrinas sin intimidad, hasta los controles en el acceso de unas zonas a otras. Por otra parte, las condiciones de las infraestructuras son extremadamente precarias y atentan contra la dignidad de las personas que allí se encuentran recluidas. “Es muy llamativo el hecho de que, siendo un centro con capacidad para 180 personas, actualmente solo albergue a 80, debido a que hay módulos enteros cerrados por no ser habitables” continúa Mancilla.

Para Sylvia Koniecki, presidenta de Andalucía Acoge «los CIEs son instalaciones que utiliza el Estado para tener retenidas a aquellas personas extranjeras sometidas a expediente de expulsión con la mera justificación de tenerlas localizadas, como si no existiera ninguna otra opción. Son privadas de libertad a pesar de que se sabe que muchas de ellas no podrán ser finalmente expulsadas». De hecho, el internamiento se ha revelado como una medida poco eficaz, ya que sólo el 50% de las personas internadas son expulsadas, y la propia Ley de Extranjería recoge alternativas suficientes a tener que utilizar estos centros como medida de localización, según observan los organizadores de la visita.

Por otro lado, Migreurop es consciente de que la responsabilidad no recae sólo en el estado español, siendo potestad de la Unión Europea la creación de instrumentos que garanticen a los migrantes detenidos el acceso efectivo a un sistema de defensa de los derechos de los extranjeros y mecanismos de control de la situación en estos lugares de detención.

Tras la visita, Andalucía Acoge y APDHA reivindicaron de nuevo la necesidad de cerrar los ocho centros de internamiento para extranjeros que aún continúan abiertos, de modo que pueda darse por finalizada la situación de injusticia y privación de libertad que viven muchas personas inmigrantes por el hecho de no tener una situación administrativa regular.

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