En este 2010, diez años después, recordamos los lamentables sucesos de El Ejido donde cientos de personas, con su alcalde  Juan Enciso a la cabeza, salieron a la calle a la caza del extranjero amparados en una protesta por la muerte de un ciudadano español a manos de un ciudadano marroquí.

Nuestra organización acudió a los funerales y se posicionó claramente contra tamaño desatino, la de la muerte del empresario, pero igualmente nos posicionábamos frente a la criminalización del colectivo inmigrante, desde la convicción de que una fruta podrida no podía contaminar toda una comunidad que luchaban -y luchan- de sol a sol por el desarrollo de un comarca que no hubiera sido posible sin la presencia de estas personas.

Sin embargo, el alcalde quería “trabajadores” a las siete de la mañana, pero no quería a las “personas” a las siete de la tarde en su municipio, claro lo dejó, consiguiendo que el Subdelegado del Gobierno fuese brutalmente agredido, el presidente de Almería Acoge insultado y decenas de inmigrantes vilipendiados y sus casas y  negocios quemados en unos días donde en El Ejido no reinó la justicia sino la ciudad sin ley.

Afortunadamente, con la perspectiva de los últimos años, estos sucesos han quedado relegados a un oscuro capítulo de nuestra historia reciente como un hecho puntual sin más eco, que quizá conviene rescatar para reflexionar sobre algunos aspectos que demuestran los vaivenes en gestión de la inmigración en la última década. Ante la pregunta ¿qué ha cambiado en estos diez años?, sería oportuno recordar estas circunstancias:

            1º) El flamante alcalde del Ejido que se puso a la cabeza de las manifestaciones racistas, entonces del Partido Popular, ahora está encarcelado por corrupción.

            2º) La entonces oposición del Partido Socialista que clamaba contra el alcalde en la reunión que mantuvo en la Diputación de Almería, ahora es el apoyo político del alcalde preso.

            3º) Quienes en aquellos años defendían a capa y espada la ley de extranjería salida del consenso y que universalizaba todos los derechos para los inmigrantes, como el PSOE y CIU, ahora son garantes de la enésima reforma que limita derechos como el de justicia gratuita, educación, reagrupación familiar y amplía el internamiento a los 60 días.

            4º) Los políticos que gestionaban las migraciones en la época y que tanto se posicionaron contra  los ataques racistas en el Ejido, como Manuel Pimentel, Amalia Gómez y José Ramón Ónega, fueron condenados al ostracismo político y, hasta hace poco, gestionaba las migraciones la almeriense Consuelo Rumí que pronto olvidó sus orígenes para sacar rédito electoral de una política de mano dura contra los inmigrantes.

            5º) También quienes entonces criticaban la actuación del gobierno por no hacer nada frente a esos ataques y ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, ahora dictan instrucciones internas y secretas para perseguir al inmigrante y agilizar su expulsión.

Diez años que han dado para cuatro reformas de la Ley de Extranjería y tres reformas de los Reglamentos de la misma que demuestran la escasa visión a largo plazo en la gestión de la inmigración, buscándose la obtención de réditos electorales inmediatos antes que la definición consensuada y participativa de una estrategia realista de convivencia. Quizá sea el momento de cambiar el discurso del “miedo al otro” por otro más positivo e integrador, que se encamine de una vez por todas hacía el reconocimiento de la plena ciudadanía para todos los que formamos la sociedad, sin propiciar trabas ni limitaciones para los que han llegado después. Y esto es una cuestión de fondo.

José Luis Rodríguez Candela
Coordinador equipo jurídico Andalucía Acoge

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