El juicio por presuntos abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga a cuatro policías (la acusación a un quinto agente fue retirada por la Fiscalía) ha seguido esta mañana con los informes de la acusación y los alegatos finales por parte de las defensas de los acusados. El primero en leer su informe ha sido José Luis Rodríguez Candela, responsable de la acusación popular que ejerce Andalucía Acoge. Durante sus conclusiones, el coordinador del equipo jurídico de la organización ha ratificado su acusación contra cuatro agentes de policía por mantener relaciones sexuales o tocamientos no consentidos a mujeres internas del CIE. Rodríguez Candela ha destacado el hecho del “consentimiento viciado” en dichas relaciones sexuales, principalmente por la “situación de autoridad y desequilibrio” existente entre los agentes y las víctimas, “aún más teniendo en cuenta la situación de privación de libertad de estas personas y las condiciones en las que estaban”, ha destacado Rodríguez Candela. El abogado también ha recordado alguna de las intervenciones de las testigos en la que se ha subrayado en repetidas ocasiones que el hecho de mantener relaciones sexuales con los agentes “permitía un mejor trato por su parte”.

“Las testigos han contado en sus declaraciones que dichas relaciones les permitían luego tener un mejor trato de los agentes en cuestiones tan básicas como la comida, un bocadillo o papel higiénico. Y que si no consentían, existía una total indiferencia hacia ellas, algo que no es baladí en una situación tan complicada como es la privación de libertad en un CIE”, añadió Rodríguez Candela. Además, como ejemplo, ha puesto dos sentencias –una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Provincial de Málaga- donde se subrayaba las circunstancias de desequilibrio entre un policía y la víctima en casos de relaciones sexuales.

El letrado de Andalucía Acoge considera también “probadas” la existencia de tres fiestas en el Centro de Internamiento de Extranjeros los días 3, 8 y 13 de julio de 2006, donde sucedieron muchos de los hechos denunciados en el juicio, así como la presencia de varios de los acusados en dichas fiestas como hacen concordar los testimonios de las testigos con las cámaras de seguridad. Igualmente, las mujeres afirmaron que acudían a esas fiestas –a altas horas de la madrugada- porque así se les permitía llamar a sus familiares, “algo muy importante para alguien privado de libertad y, por ejemplo, con su hijo fuera del territorio nacional”.

Hace unos días, el fiscal en sus conclusiones finales, además de retirar la acusación para uno de los cinco policías, expresó que, consultado con la Jefatura del ministerio público, se ha sugerido mantener la acusación para el resto de procesados y ha indicado que para la Fiscalía el consentimiento de las internas se prestó en algunas ocasiones “voluntariamente” y, a pesar de “no estar coaccionado”, estaba “viciado” por la condición de policías. Igualmente, según la información de Europa Press, el fiscal señaló que las imputaciones están basadas en una de las testigos protegidas, que relató las fiestas que de forma “incuestionable” se producían y que generó “el caldo de cultivo que los procesados aprovecharon”. Igualmente, apuntó que esta testigo al principio contó hechos que ocurrieron a otras internas, pero no las relaciones que mantuvo “voluntariamente” con uno de los agentes, debido a que éste era una “persona amiga”. Además, añadió que “es verdad que eso no impide considerar que desde la base todo estaba viciado”, ya que “no son dos personas con una relación normal”, al ser internas en un centro que están custodiadas por los policías, apuntando que los agentes “no respetaron la más mínima dignidad ni sus obligaciones” como autoridad, pero señalando que tendrá que ser el Tribunal el que resuelva la duda sobre si el consentimiento estaba viciado y las consecuencias penales.

El juicio, que arrancó en octubre con las cuestiones previas, juzga a cinco policías (cuatro desde la retirada de la acusación a uno de ellos hace unas semanas) acusados de presuntos abusos sexuales a varias internas del CIE sucedidos presuntamente en el año 2006. La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel. Según el escrito del Fiscal, los acusados organizaron en el CIE en 2006 “cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes” en los turnos de trabajo de madrugada, algo que han negado los acusados en las sesiones realizadas hasta el momento. La acusación pública también refleja que “se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil”, al tiempo que se indica que se creaba un “ambiente relajado de disciplina” que “los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas”.

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