El voto y la cohesión social

Este año, con motivo de las próximas elecciones municipales, y al igual que en las dos últimas campañas electorales, desde la Plataforma “Tod@s Iguales, Todos Ciudadan@s” de la que Andalucía Acoge forma parte, estamos tratando de plantear públicamente la importancia del acceso a los derechos políticos como vía para la creación de un nuevo modelo de ciudadanía.

Esta última palabra es quizá el leitmotiv de la campaña. Pasar de hablar de inmigrante a ciudadano, implica, en palabras de la Real Academia Española, dejar de hablar de “personas que llegan a un país”; a “habitantes de Estados como sujetos de derechos políticos y que intervienen, ejercitándolos, en el gobierno del país”. Definición que evidentemente no resulta baladí, en tanto que supone que la diversidad social puede representarse mediante la participación política de todas las personas que ocupamos este espacio.

Esta reivindicación no es un planteamiento ilusorio o infantil, sino que parte de la definición de partido político que efectúan autores como David Lynch, que los define como “organizaciones cuyo propósito… es conseguir el poder político y que en función de este objetivo busca agregar y compatibilizar intereses sociales”. Desde este punto de partida, es evidente que reconocer el derecho al voto de la nueva ciudadanía significa introducir a ésta como sujeto político con capacidad para influir en la agenda de los partidos.

Si bien esta concepción puede resultar peligrosa a los ojos de muchas personas, quizá debamos recordar que el derecho al sufragio activo y pasivo ha significado en otros casos (mujeres, afroamericanos, etc.) un paso gigantesco a la hora de abordar discriminaciones flagrantes; no sólo desde la visibilización pública, sino desde el compromiso de los partidos políticos para que erradicar estas situaciones sea tarea prioritaria.

Éste debe de ser nuestro punto de destino, y por ello, reivindicamos la modificación del Artículo 13.2 de la Constitución. Consideramos, al igual que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en su último informe, la necesidad de modificar el marco jurídico español como vía para mejorar la convivencia en diversidad, y así permitir a estas personas poder ejercer el sufragio activo y pasivo, al igual que se está haciendo en otros países como Irlanda (1963), Países Bajos (1985) o Bélgica (2004).

Desde esta visión, no podemos asumir como propio el modelo actual basado en una reciprocidad que sólo reconoce este derecho en la medida que un tercer país reconoce el derecho también a ciudadanos con pasaporte español. Desde este funcionamiento, asumimos una asimetría en el acceso a derechos, creando categorías de personas en función a su acceso a los derechos. Absurdo. Y más, si tenemos en cuenta que desde estos posicionamientos negamos el voto a personas provenientes de países con regímenes autoritarios o dictatoriales que difícilmente podrán votar en la medida que no se realicen cambios estructurales en sus países de origen.

Por ello, desde la plataforma, criticamos este sistema que sólo reconoce el derecho al sufragio activo a 330.000 personas (aunque al final sólo accederá el 2% del total de personas que residen legalmente en España, gracias a la necesidad de inscripción personal previa en el censo) y que olvida al grueso de la población; recordando que la ciudadanía sólo se construye a través del reconocimiento de la persona y no a través de la limitación de la misma.