Las organizaciones sociales, entidades y ciudadanos abajo firmantes pedimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España.
La existencia de estos Centros es uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria: la privación de libertad a personas que no han podido obtener o renovar la autorización de residencia.
Las denuncias documentadas sobre el funcionamiento de los CIE, formuladas en los últimos años por el movimiento asociativo que trabaja a pie de calle, así como por entidades europeas, Comisiones del Parlamento Europeo e instituciones españolas como el Defensor del Pueblo y equivalentes autonómicos, o la propia Fiscalía General del Estado, no pueden caer en el olvido.
La sociedad civil no puede quedar excluida de la supervisión del funcionamiento de estos espacios donde miles de personas permanecen detenidas por no tener su situación administrativa regularizada. Son nuestras vecinas y vecinos, parte importante de una sociedad en la que no cesaremos en nuestro empeño de que sean respetados los Derechos de las personas, independientemente del lugar donde hayamos nacido.
Es necesaria, entonces, la implicación de todos los estamentos de nuestra sociedad para conseguir dicha interlocución. El pronunciamiento de las entidades sociales, de las que se mueven en el ámbito jurídico, en el mundo universitario, en el campo de la salud pública, de la enseñanza, etc. puede favorecer una actitud más flexible y dialogante desde el Gobierno.
Insistimos en que el único derecho limitado por el ordenamiento jurídico a dichas personas es el de la libertad ambulatoria. Por ello, el cumplimiento de todos los demás derechos debe quedar garantizado: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones.
Y en tanto los tiempos conduzcan a un cierre de estos centros, se ha de acabar con el oscurantismo sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas, el acceso de las entidades sociales y proporcionando información pública y estadísticas precisas sobre las personas que pasan por los CIE, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad.
