Leonarda Dibrani, una alumna de origen kosovar de 15 años y etnia romaní residente en Francia, fue detenida el 9 de octubre por la policía mientras realizaba una excursión en autobús con sus compañeros de instituto, para ser posteriormente deportada junto con toda su familia. Pero la brutalidad del procedimiento con que fue detenida la menor es solo la cara más visible de un caso que encierra una problemática con implicaciones mucho mayores y diversas.

 

Por una parte, evidencia la desprotección que sufren algunos menores escolarizados en la Unión Europea, a los que se les despoja de la noche a la mañana del derecho a la educación, siendo expulsados a países cuya lengua, en algunos casos, incluso desconocen. Y ello a pesar de lo recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se declara explícitamente que “en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial” (entre las 11 medidas para proteger los derechos del niño que aprueba la Comisión Europea en 2011 se recoge que debe dedicarse “especial atención a los menores en el futuro plan europeo para la integración de los romaníes”). No obstante, tras las movilizaciones de estudiantes y la creciente indignación en la opinión pública por el caso de Leonarda, el presidente de Francia, François Hollande, ofrecía el 19 de octubre como única solución que la menor regresara a Francia sin sus familiares.

Además, lo ocurrido pone de manifiesto, una vez más, políticas migratorias que criminalizan a la inmigración irregular y tratan como delincuentes a personas que solo han cometido ningún delito, sino únicamente una falta administrativa. Conviene recordar, sin embargo, que no tener la documentación en regla no responde a una libre elección, sino a las restrictivas Leyes de Extranjería de la UE, que en la práctica impiden una vía legal de permanencia en territorio europeo. Esta criminalización llega al extremo de que en algunos países se hayan dictado leyes que incluso convierten el delito la asistencia humanitaria a las personas indocumentadas.

La detención de Leonarda Dibrani es también una muestra del alarmante ascenso del racismo contra la población gitana en toda Europa. En distintos países están teniendo lugar agresiones y ataques contra personas de etnia gitana, sin que haya una respuesta contundente por parte de las autoridades públicas competentes. Es más, consideramos que es especialmente preocupante que el discurso discriminatorio contra esta comunidad está penetrando en los planteamientos políticos y que está obteniendo una creciente simpatía popular, llegando a utilizarse la gitanofobia como una vía para obtener rédito electoral.

Ante los hechos ocurridos, las personas y entidades que firmamos este manifiesto exigimos:

  • Al gobierno francés: que ordene el inmediato regreso de la familia Dibrani en su conjunto, para garantizar tanto el derecho a la educación de Leonarda y sus hermanos menores como su derecho de permanecer junto a su familia.
  • A las instituciones europeas: que sancionen a aquellos estados cuyos gobiernos promuevan actos legislativos dirigidos contra la población gitana, así como a los que no han adoptado políticas categóricas contra los grupos extremistas que cometen agresiones racistas contra esta comunidad. Además, exigimos un cambio drástico en las políticas migratorias europeas, para garantizar el derecho a migrar de las personas a través de vías administrativas que no las condenen a la irregularidad y a la inseguridad jurídica. Finalmente, las instituciones europeas deben asegurar, con medidas concretas, que no se violen los derechos de protección del menor en cada uno de los estados miembro.
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