El 11 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta de Reglamento de Retorno para reemplazar la actual Directiva de Retorno. Detrás del nombre eufemístico, la propuesta esboza medidas coercitivas y violaciones de derechos, basadas en la imperiosa premisa de aumentar las tasas de deportación. En lugar de centrarse en la protección, la vivienda, la atención sanitaria y la educación, el Reglamento se centra en políticas punitivas, centros de detención, deportación y aplicación forzosa.

El “Reglamento de Deportación”, como sería más acertado llamarlo, forma parte de un cambio más profundo en la política migratoria de la UE que busca caracterizar el movimiento humano como una amenaza para justificar derogaciones de las garantías de derechos fundamentales. Las instituciones de la UE y los Estados miembros recurren cada vez más de la criminalización, la vigilancia y la discriminación como herramientas por defecto de la gestión migratoria, en lugar de optar por la protección, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados en derechos.
Nuestras organizaciones son inequívocas: este Reglamento debe ser rechazado. Se centra en la detención, la deportación, la externalización y el castigo, en particular de las personas racializadas, y dará lugar a que más personas se vean empujadas a un limbo legal y a situaciones peligrosas. Instamos a la Comisión Europea a que retire la propuesta y pedimos al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que la rechacen en su forma actual.
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