La Federación Sur Acoge expresa su preocupación y rechazo ante el reciente auto del Tribunal Supremo, que da un mes al Gobierno central para acoger en Madrid a menores no acompañados solicitantes de asilo, en una resolución que vuelve a situarse en la misma línea que el auto dictado en marzo tras el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta interpretación obliga al Estado a incorporar a niños y niñas no acompañados al sistema de protección internacional como consecuencia de la inacción de algunas comunidades autónomas, asumiendo competencias que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, corresponden a las propias CCAA. Desde Sur Acoge recordamos que la normativa española, en particular el artículo 35 de la Ley de Extranjería, prioriza de forma clara la condición de menor en situación de especial vulnerabilidad por encima de su condición administrativa como persona extranjera, precisamente para garantizar de manera más eficaz los derechos de la infancia.

Tal y como la Federación ya advirtió con motivo del recurso de Canarias, este planteamiento supone anteponer la condición de extranjero a los derechos de la infancia, profundizando en la creación de un sistema paralelo, menos garantista, y facilitando que las comunidades autónomas se desentiendan de sus obligaciones en materia de protección de menores. Además, desde el ámbito judicial se estaría configurando un tipo de recurso social inexistente hasta ahora, para el que el sistema de protección internacional nunca fue concebido ni diseñado.

“Los derechos de la infancia, con independencia de su origen, deben ser prioritarios y asumidos por las comunidades autónomas, tal y como corresponde en un Estado democrático y descentralizado”, señala José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge. En este sentido, resulta difícil justificar que, en una comunidad como Madrid, con una población en torno a los 7 millones de habitantes y una de las mayores capacidades económicas del Estado, no se puedan crear condiciones dignas de acogida y protección de derechos para apenas cincuenta niños y niñas.

Con estos autos, el Tribunal Supremo estaría validando y respaldando el incumplimiento de obligaciones por parte de algunas comunidades autónomas, abriendo además la puerta a que otras puedan dejar de garantizar de forma sistemática la protección de los menores no acompañados solicitantes de asilo.

Finalmente, desde la Federación Sur Acoge se plantean dos preguntas que interpelan directamente al conjunto de la sociedad:
¿Se crearía el mismo problema con chicos y chicas que no fuesen de origen africano?
¿Puede un país con un acusado descenso de población infantil y juvenil permitirse desperdiciar la oportunidad de ofrecer un futuro digno a niños y niñas que apuestan por construir su proyecto de vida en España?

La pugna partidista no puede situarse por encima de los derechos de la infancia ni del desarrollo social y democrático. Por ello, la Federación Sur Acoge invita al Tribunal Supremo a reconsiderar este criterio y el enfoque con el que se está abordando la protección de derechos en nuestro país.

Menores antes que migrantes.

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