La entidad, a través de sus asociaciones y delegaciones, ha atendido ya más de 8.000 solicitudes y reclama un mayor compromiso de los ayuntamientos, especialmente en relación con los certificados de vulnerabilidad.  

La federación advierte de dificultades que pueden obstaculizar el acceso a la regularización, como las demoras en la atención y los problemas para obtener los certificados. 

Sur Acoge hace un llamamiento a los ayuntamientos para que refuercen su implicación en la atención a las personas migrantes que están participando en el proceso de regularización extraordinaria. 

La entidad está respondiendo ya a más de 8.000 solicitudes. Una parte importante de estas situaciones requiere orientación y acompañamiento especializados. 

Sur Acoge recuerda que este proceso está suponiendo un esfuerzo muy importante para algunas entidades sociales, que están ofreciendo información, apoyo y acompañamiento a miles de personas sin contar con una financiación específica. Esta respuesta está siendo posible gracias a la implicación de cientos de personas voluntarias y de los equipos profesionales de las asociaciones, que están redoblando su trabajo. Lo que demuestra que existe una ciudadanía implicada por los derechos de las personas migrantes como parte de la comunidad. Por ello, considera fundamental que las administraciones públicas, y especialmente los ayuntamientos como responsables de la gestión de los servicios sociales, doten de recursos suficientes y circuitos claros de atención a toda persona que pueda normalizar su situación gracias a este proceso. 

La federación advierte de dificultades que pueden obstaculizar el acceso a la regularización por parte de los Ayuntamientos, como la negativa a la atención a las personas migrantes, la falta de información clara, la ausencia de criterios comunes entre municipios, o las demoras en las citas que, en algunos casos, superan el propio plazo del proceso.  

La organización destaca que en los municipios donde los ayuntamientos están destinando recursos, planificando la atención y coordinándose con las entidades sociales, el proceso está funcionando de forma más ágil y ordenada. Por eso, insta a un compromiso al resto de las administraciones locales para que incorporen estas buenas prácticas y puedan extenderse al conjunto de territorios.  

También subraya que cuando las administraciones hacen su trabajo, se reducen las situaciones de abuso y explotación de las que son víctimas las personas que quieren regularizar su situación.  

A su vez, recuerda que la regularización no es solo un trámite administrativo, sino una oportunidad para que miles de personas que ya forman parte de nuestros pueblos y ciudades puedan salir de la invisibilidad, vivir con mayor seguridad y acceder de forma garantizada a todos sus derechos. Su impacto también alcanza al conjunto del municipio, al favorecer la inclusión, el acceso al empleo, la convivencia y la cohesión social. 

Para que esta oportunidad pueda hacerse efectiva, la entidad considera necesario reforzar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y garantizar una atención clara y cercana, con independencia del lugar de residencia de cada persona. En este sentido, Sur Acoge confía en que el acuerdo recientemente firmado entre la FEMP y el Ministerio contribuya a clarificar procedimientos y facilitar una respuesta más homogénea en los municipios. Una respuesta compartida y bien organizada resulta imprescindible para que el proceso se desarrolle con garantías y esté a la altura de su importancia social. 

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