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Las personas en situación irregular aportan y forma parte activa de la sociedad
Viven aquí. Caminan por las mismas calles, trabajan y generan riqueza (cuidando a nuestros mayores, en el campo, en la hostelería…), pagan impuestos a través de todos los impuestos indirectos, llevan a sus hijas al colegio, comparten plazas y espacios públicos, tejen afectos, luchas, sueños. Están en los barrios, en las redes de apoyo mutuo, en los comercios, en las historias que construyen esta sociedad. Se calcula que son más de 700.000 personas actualmente, parte fundamental de la economía y del día a día de la sociedad.
La irregularidad es un problema… para la persona migrante
Vivir en situación irregular implica vivir con miedo a ser expulsada, sin poder denunciar abusos, sin opciones de estabilidad. Rompe y bloquea el acceso a los derechos tan básicos como la salud, la educación, el trabajo digno, el empadronamiento, la vivienda digna, la reagrupación familiar o la participación social. Se trata muchas veces familias enteras que, con el paso del tiempo en la irregularidad, ven crecer el riesgo de quedarse al margen.
La irregularidad no es una elección personal
La irregularidad no es una decisión personal, se trata de una condición administrativa que marca profundamente la vida cotidiana y las oportunidades de muchas personas dificultando el acceso a derechos fundamentales. Las actuales políticas migratorias obligan a la irregularidad a las personas cuando buscan nuevas oportunidades en un país diferente. Regularizar es abrir puertas para trabajar con derechos, vivir sin miedo y aportar a la sociedad. Ganamos todas.
