• El pasado 11 de marzo, la Comisión Europea presentaba su propuesta de una nueva normativa para acelerar las expulsiones de personas migrantes a cualquier tercer país con el que haya un acuerdo. Esta propuesta se alinea con el enfoque de control y externalización de fronteras del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) aprobado en abril de 2024.

Numerosas voces de la sociedad civil vienen advirtiendo de que, con estas medidas, la Unión Europea se aleja aún más de sus valores fundacionales de solidaridad, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, independientemente de su origen y procedencia. En la última década, la Agenda Europea de Migración ha profundizado en la práctica de externalización del control de fronteras en terceros países, aunque no garanticen los derechos humanos, como Túnez, Libia, Marruecos o Albania, entre otros, tratando de eludir sus responsabilidades en materia de asilo de los Estados europeos.

Numerosas organizaciones que trabajan en la acogida de personas migrantes y refugiadas y en la defensa de sus derechos llevan años denunciando que la externalización a terceros países de las obligaciones en materia de migración y asilo pone en grave riesgo a las personas y las expone a violaciones flagrantes de los derechos humanos. La misma línea han seguido los pronunciamientos judiciales, echando para atrás las decisiones de los gobiernos de utilizar centros de internamiento de personas extranjeras en terceros países por no tener garantías en cuanto a la garantía de derechos.

Uno de los puntos más preocupantes es la creación o consolidación de centros de retorno en terceros países fuera de la Unión Europea como parte de las “soluciones innovadoras” para la gestión de la migración, según las organizaciones. Esta introduce la posibilidad de devolver a las personas que se encuentren en situación irregular en la UE y hayan recibido una decisión de retorno definitiva a un tercer país sobre la base de un acuerdo o convenio celebrado bilateralmente o a escala de la UE.

La creación de centros de deportación de personas migrantes fuera de la UE es un retroceso que vulnera los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y los propios fundamentos de la Unión. Además de las constantes denuncias de la sociedad civil, jueces y tribunales vienen anulando las decisiones en este sentido en los países miembro, refrendando que los terceros países a los que se pretende retornar a las personas migrantes no pueden considerarse seguros.

“Migrar es un derecho, no un delito, y este tipo de medidas no sólo criminalizan a las personas que migran, sino que deshumanizan un proceso que debería centrarse en la protección y el respeto a la vida y la dignidad humana”, manifiestan las entidades firmantes.

Además, destacan que la propuesta también incluye normas más restrictivas, como la ampliación del tiempo máximo de detención de 18 a 24 meses o la posibilidad de exigir garantías financieras para evitar el riesgo de fuga. También preocupa que se obligue a estas personas a cooperar con las autoridades en los procesos de retorno, bajo amenaza de denegación de prestaciones o la confiscación de documentos de viaje. Asimismo, plantean creación de reglas específicas para personas que «representen un riesgo para la seguridad» sin criterios claros aumenta el riesgo de arbitrariedad y discriminación.

Tras la propuesta de la Comisión Europea corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre la misma. Por lo que las organizaciones urgen a los grupos parlamentarios y a los Estados a:

  1. Avanzar hacia una política migratoria basada en los valores fundacionales de la UE: dignidad, solidaridad y el respeto de los derechos humanos..
  2. Rechazar la creación de centros de deportación en terceros países, que ponen en peligro el principio de no devolución, pueden conllevar la detención arbitraria y prolongada lejos de Europa, y suponen una grave amenaza a los derechos de las personas migrantes.
  3. Garantizar que cualquier medida adoptada en materia de retorno respete plenamente los derechos fundamentales y el derecho de asilo, evitando la detención y buscando alternativas a la misma y a las medidas coercitivas de cooperación con las autoridades.
  4. Asegurar el acceso a asistencia legal efectiva durante todo el procedimiento de retorno, aplicando el efecto suspensivo automático de los recursos y garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Entidades firmantes:

  • Movimiento por la Paz -MPDL-
  • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
  • Irídia
  • Fundación Alboan
  • Andalucía Acoge
  • Asociación Rumiñahui
  • Red Acoge
  • Entreculturas
  • Novact
  • Salud por Derecho
  • Amnistía Internacional
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