En los últimos años se han desarrollado diversos intentos para alcanzar la aprobación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos en España: en 2022, en 2023 y, por última vez, en 2024. En marzo de ese año el Consejo de Ministras/os aprobó (en primera vuelta) el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Durante todo este tiempo, se han acumulado numerosos retrasos en el proceso. Ahora, transcurridos más de dos años y medio, la actual legislatura llega a su fin con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Y esta norma seguirá siendo una asignatura pendiente para nuestro país.

Es lo que denuncia la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que agrupa en torno a 30 entidades sociales especializadas y lleva más de diez años trabajando para que el Estado español cuente con una norma legal que aborde de manera integral esta grave forma de violencia y vulneración de derechos y que contribuya a la protección y asistencia de las víctimas/supervivientes.

Para la RECTP, se hace urgente e imprescindible desbloquear esta situación, con el consenso de todos los partidos políticos, para aprobar en la próxima legislatura una ley integral contra todas las formas de trata y explotación de seres humanos, sin más retrasos ni dilaciones. Para esta plataforma el Estado español no puede ignorar por más tiempo sus compromisos y obligaciones con los derechos de las víctimas/supervivientes de trata y explotación. Además, desde la Red se recuerda que no es suficiente con esta ley, sino que es necesario un marco normativo integral amplio que asegure la protección de las víctimas, incluyendo el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y la mejora del actual sistema de acreditación administrativa de víctimas, entre otras cuestiones.

Por ello, las entidades que conforman la RECTP piden a los partidos que incluyan estas demandas en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales y llaman también a que la aprobación de esta ley sea recogida como prioridad en futuros acuerdos de investidura o de gobierno de coalición. Además, esta red anima a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable y defender en las urnas la igualdad y los Derechos Humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones sociales continúan insistiendo hoy en que la futura ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos debe situar a las víctimas y sus derechos en el centro de los marcos normativos y políticos, abordar todas las formas y finalidades de trata y explotación, cumpliendo así con los estándares exigidos por los mecanismos internacionales; incorporar las perspectivas de derechos humanos, interseccionalidad, género, infancia y discapacidad; y primar la prevención, detección, atención y reparación a las víctimas, frente a una actuación basada prioritariamente en la persecución del delito; reforzando para todo ello el rol de las entidades especializadas. Además, destaca la necesidad de que incluya una previsión de dotación presupuestaria suficiente para garantizar su correcta aplicación e implementación.

Según la RECTP, la aprobación de esta norma es fundamental para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (que lo recoge en su medida 389), así como para garantizar la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva (UE) 2024/1712 por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Esta norma europea, que amplía las definiciones y medidas de protección frente a todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales, debería haber sido transpuesta al ordenamiento jurídico interno en julio de 2026; sin embargo, el Estado español ha incumplido el plazo establecido, produciendo la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea.

En repetidas ocasiones, diferentes instancias internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico Universal (EPU), el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, han instado al Estado español a la adopción de una ley integral contra la trata de seres humanos y la creación de un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas.

En el ámbito interno, distintas políticas públicas, como el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026) y el II Plan de Derechos Humanos (2023-2027), contemplan el compromiso de los poderes públicos con la aprobación de una ley integral contra la trata y explotación de seres humanos, en sintonía con las obligaciones internacionales.

Según datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior, en España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron en 2025 a 1.869 víctimas, incluyendo a 28 menores de edad. Esta cifra representa un aumento representativo en comparación con los datos recogidos el año anterior. Sin embargo, dichos datos reflejan solamente la punta del iceberg del problema. Según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. Y este número se incrementa considerablemente si tomamos en cuenta los datos proporcionados por las entidades sociales especializadas en su labor de detección de posibles víctimas de trata y/o explotación.

Entidades que componen la RECTP

Accem, Amar Dragoste, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la Trata (RASCT), APRAMP, Asociación Trabe, Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Diaconía, FAPMI, Federación Mujeres Progresistas, Federación Sur Acoge, FIET, Fundación APIP-ACAM, Fundación CEPAIM, Fundación Cruz Blanca, Fundación de Solidaridad Amaranta, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Nueva Vida, Oblatas, Nuevo Hogar Betania, Programa Daniela-Oblatas, Themis y Villa Teresita.