La Federación Andalucía Acoge impulsó ayer en Sevilla las jornadas “Maximizando el impacto positivo del nuevo Reglamento de Extranjería”, un espacio de reflexión y diálogo que reunió a representantes institucionales, profesionales y entidades sociales para analizar la reciente reforma del Reglamento de Extranjería y explorar vías para que su aplicación sea más eficaz, coherente y protectora de los derechos humanos. El encuentro subrayó que el reglamento abre oportunidades, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se gestione en la práctica: con criterios claros, procesos ágiles y un compromiso político decidido a favorecer la inclusión y la convivencia.

La apertura corrió a cargo del presidente de Andalucía Acoge, Jesús García Grijalbo, que destacó el papel de la Federación en el análisis y la formulación de propuestas para la defensa de los derechos de las personas migrantes desde hace 35 años, y del director general, José Miguel Morales, quien incidió en que el gran reto es acelerar los procesos de regularización para que todas las personas, sin importar su lugar de nacimiento, puedan convivir y contribuir con normalidad en nuestro territorio. 

En la primera mesa, centrada en un análisis sectorial y de contexto del reglamento, Ainara Dorremochea Fernández, subdirectora de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones, explicó los elementos clave de la reforma, destacando el papel de los arraigos y de las figuras vinculadas a familiares de ciudadanos españoles, especialmente en un contexto marcado por el incremento de las solicitudes de nacionalidad. Max Adam, en representación del Colegio de Abogados de Sevilla, insistió en que la aplicación del reglamento debe mejorar en dos puntos concretos: la unificación de criterios en el informe de integración y la reducción de plazos en las inadmisiones, que hoy alargan procesos de forma injustificada. Desde la red europea PICUM se puso de relieve que la documentación no solo garantiza derechos básicos, sino que fortalece la cohesión social, beneficia a los propios gobiernos y reduce la economía sumergida, generando ventajas para toda la sociedad. A su vez, Elvira Pérez de Madrid, referente del Equipo Jurídico de Andalucía Acoge, alertó de la vulnerabilidad en la que quedan muchas personas solicitantes de protección internacional, obligadas a permanecer dos años en situación irregular para acceder a un arraigo, con lo que se multiplican la precariedad, los abusos y la imposibilidad de denunciar delitos de odio sin riesgo de expulsión. 

La segunda mesa, centrada en los retos para una aplicación adecuada con enfoque de derechos, abordó la necesidad de homogeneizar criterios y garantizar igualdad de trato en trámites básicos. Zaray Cabrera, coordinadora de la Delegación de Sevilla de Andalucía Acoge, y Vanesa Medrano, representando a la Defensoría del Pueblo Andaluz, señalaron que el reglamento abre un enfoque más realista y protector, pero que requiere pasos concretos para materializarse: criterios comunes en el empadronamiento y en los informes de integración, hoy dependientes de cada municipio. A ese respecto, la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía anunció la próxima publicación de una nota informativa sobre un curso gratuito para personas sin NIE, que les permitirá acreditar los requisitos del Informe de Esfuerzo de Integración Social. Asimismo, se adelantó la creación de un curso de español para niveles A1 y A2. Vanesa Medrano recalcó, además, que es fundamental compartir buenas prácticas para que estos trámites dejen de ser barreras desiguales y se conviertan en auténticas herramientas de inclusión.