La Federación Andalucía Acoge, y su entidad federada Almería Acoge, presentan mañana, martes 28 de marzo de 2023, en la Universidad de Almería, el informe: ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar‘. La investigación está orientada a sistematizar información sobre las situaciones de discriminación en el acceso a los derechos de las personas migradas que viven allí, así como a proponer soluciones para lograr la inclusión y la igualdad de derechos de estos vecinos y vecinas.

Agrupadas en cinco bloques, las propuestas más inmediatas inciden en la mejora de las condiciones de salubridad (agua potable, saneamiento, electricidad, recogida de basuras, transporte), el derecho a una vivienda, al empleo y el salario justo (condiciones laborales), así como facilitar y fortalecer el acceso al sistema de protección social, entre otras. Además, el informe se detiene en situaciones de especial vulnerabilidad, a través de medidas más trasversales vinculadas a la reducción de la discriminación por cuestiones de nacionalidad, etnia o aspecto físico, el acceso a mecanismos de denuncia segura, la intervención con familias, mujeres y jóvenes extutelados así como a reducir los episodios de violencia vinculados a delitos de odio y trata de personas.

Coordinación entre los agentes implicados

Las propuestas de mejora de este estudio subrayan la necesidad de impulsar distintas acciones (a corto, medio y largo plazo) a través del trabajo coordinado entre todos los agentes implicados: administraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y las propias personas que viven en los asentamientos.

Desde la Federación se considera que las administraciones han dado algunos pasos en la buena dirección y espera que los resultados de esta investigación sean una palanca de impulso para alcanzar nuevos compromisos, especialmente desde los ayuntamientos. Más si cabe ante las inminentes elecciones municipales y, justo ahora, que el Parlamento Europeo ha anunciado que investigará las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, a raíz de una queja presentada por la asociación federada Almería Acoge y la Asociación Multicultural de Mazagón.

El trabajo de campo para la redacción de este documento se realizó durante los meses de marzo a octubre de 2022, gracias al trabajo diario en el terreno de Almería Acoge. En la investigación han participado 217 personas y se han realizado 711 entrevistas y 18 encuentros grupales. La información se ha recogido a través de la experiencia y percepción de estas personas, en un total de 31 asentamientos del Campo de Níjar, en donde residen una media de 1.200 personas.

Como fotografía de la provincia, a finales de 2022, existían cuatro asentamientos en La Mojonera, dos en Almería capital, nueve en El Ejido y 44 en Níjar, donde se encuentra el 70% de ellos. En abril de 2022, vivián en estos enclaves 3.537 personas (3.038, hombres; 499, mujeres y 83 menores de edad). El número de personas fluctúa a lo largo del año, según los picos de mayor intensidad de mano de obra en las campañas agrícolas.

El empadronamiento, la llave que abre la puerta a la titularidad efectiva de derechos y acceso a servicios y políticas públicas

A las personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos, se les niega la titularidad de derechos vinculados a su vecindad administrativa (tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía) al impedirles empadronarse. Sólo un 26,9% de las personas entrevistadas manifiesta poseer empadronamiento. Prácticamente la totalidad lo ha conseguido de manera irregular, ya sea pagando por él o porque tienen el empadronamiento en otras localidades (o provincias). Una situación especialmente injusta, teniendo en cuenta que solo depende de la voluntad política y los ayuntamientos tienen la obligación de aplicar la normativa.

El informe destaca en numerosas ocasiones la situación documental de estas personas como un elemento clave para explicar la situación de extrema exclusión que viven las personas en los asentamientos. El porcentaje de personas que se encuentran en situación administrativa irregular es de un 76,3% y alcanza el 86,8% en el caso de las mujeres, que son las que se enfrentan a mayor grado de exclusión.

Vecinos y vecinas privados de sus derechos sociales más básicos

Otro dato clave del informe es la imposibilidad de conseguir una vivienda para salir del asentamiento. El 92% de las personas entrevistadas afirman que tienen “máxima dificultad para encontrar alojamiento“. Los resultados muestran que la mayoría de las personas que viven en los asentamientos no están recién llegadas a España, un 82,2% lleva más de un año en territorio español, llegando a un 15,4% quienes llevan más de 10 años.  Además, diez de los asentamientos que se ubican en Níjar tienen más de veinte años de antigüedad y podrían ser considerados barrios consolidados, aunque  carecen de los servicios mínimos para poder vivir con dignidad.

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