Ayer jueves, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta declaró el sobreseimiento provisional de la causa contra 16 guardias civiles por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, tras la muerte de 15 personas el 6 de febrero de 2014 en aguas fronterizas de Ceuta, en un intento de entrada repelido por el Instituto Armado con pelotas de goma y botes de humo.
En el auto, la jueza detecta que los agentes emplearon el material antidisturbios con “efecto disuasorio” y que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”. Asimismo, sugiere la posibilidad de que los cuerpos recuperados no se correspondan con aquellos que murieron el 6 de febrero en aguas fronterizas.
En la Federación Andalucía Acoge, la noticia de este sobreseimiento ha sido recibida con tristeza e indignación, ya que consideramos que los hechos ocurridos suponen una violación tanto de la normativa española como de varios tratados internacionales suscritos por España, que contemplan la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de tratos inhumanos o degradantes y a facilitar el acceso a un procedimiento legal y a un recurso efectivo. Estos derechos están recogidos, entre otros, en el Código Penal, la legislación de extranjería, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, Carta Europea de Derechos Fundamentales y convenios internacionales sobre salvamento marítimo.
Por otra parte, resulta especialmente llamativo el hecho de que se haya considerado que las personas que se encontraban en aguas fronterizas no tenían por qué ser auxiliadas (es preciso recordar que aquel día la Guardia Civil no se lanzó al mar para socorrerlas ni llamó a Cruz Roja ni a Salvamento Marítimo, como suele hacer en estos casos). Según la jueza, «Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil».
Para la presidenta de Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki, “el sobreseimiento no sólo resulta inadmisible por el hecho de que no proporciona ningún tipo de justicia a las víctimas. Además, las criminaliza y las hace pasar por culpables por no haber respetado las normas fronterizas, cuando lo cierto es que se utilizó una fuerza desproporcionada contra personas que se encontraban en una situación de indefensión, y además se omitió el deber de socorro”. Consideramos además que el foco informativo y la opinión pública están centrados en la ratificación de la inocencia de los agentes, dejando en un segundo plano el hecho de que hay quince muertes que han quedado sin esclarecer. Desde Andalucía Acoge reclamamos que, a pesar del archivo de la causa, se esclarezcan los hechos para que las víctimas puedan obtener justicia.
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