El equipo de la federación expone ante la Comisión Europea la situación de las personas que viven en los asentamientos de Huelva y Almería
La Federación Andalucía Acoge, y el eurodiputado del Grupo de la Izquierda, Manuel Pineda, han presentado en Bruselas las conclusiones del informe ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la Discriminación en los Asentamientos de la provincia de Huelva y la Comarca de Níjar (Almería)’, un extenso estudio sobre las situaciones de discriminación en el acceso a los derechos de las personas migrantes que viven que trabajan en el campo andaluz.
La delegación de Andalucía Acoge, con integrantes del equipo directivo, y técnicos de la federación y la asociación federada Huelva Acoge, y el eurodiputado andaluz de Izquierda Unida se han reunido con el equipo del Comisario de Empleo para denunciar tanto “las condiciones de infravivienda y falta de acceso a agua y electricidad”, pero también “la explotación laboral y las irregularidades administrativas que sufren los migrantes”.
En la posterior comparecencia ante los medios de comunicación, Pineda, que ha visitado hasta en cuatro ocasiones los distintos asentamientos andaluces, aseguró que los temporeros viven en “condiciones inhumanas” señalando las provincias de Almería y Huelva como las más afectadas.
“Viven peor que el propio ganado y eso tiene una responsabilidad política clara” aseguró el dirigente malagueño, quien también pidió que “la Comisión Europea debe tomar medidas”, invitando al Comisario de trabajo a visitar la zona y comprobar de primera mano “este ataque a los derechos humanos”.
Por su parte, Ángel Madero, coordinador del informe presentado por Andalucía Acoge, ha destacado la importancia de la sociedad europea conozca la realidad compleja y extremadamente difícil que viven miles de trabajadores del campo para que la fruta y las verduras lleguen a las casas de Europa.
Según Madero, “estamos hablando no solo de personas en situación irregular. En torno al 30%, según el mapeo que realizamos, están en situación administrativa regular y todas estas personas se les está negando el acceso a servicios tan básicos como el agua (El 80% de las personas que participaron en este estudio admiten no tener acceso a agua corriente y potable), extrema dificultad para tener electricidad (Un 85% afirmaron no tener acceso)”, más allá de otros derechos sociales esenciales como el acceso a la vivienda, la sanidad pública (el 60% de las personas consultadas tiene dificultad para obtener una cita médica) o el sistema social de cada municipio.
Algunos de los datos más significativos de esta investigación son que más del 95% de las personas manifiestan no tener vacaciones y en muchos casos (67% en Huelva y 22% en Níjar) ni siquiera descanso dentro de la jornada laboral. Jornadas que pueden llegar a ser de 7 días a la semana y de 10 horas al día, y que aun así no les aseguran cobrar lo que establece el convenio: un 94%, en Huelva, y un 88%,en Níjar, cobran por debajo del jornal.
Por todo ello, Emma González, de Huelva Acoge, ha instado a las instituciones a intensificar las inspecciones laborales y perseguir esos abusos. González se ha detenido en la especial situación de vulnerabilidad y violencia que viven las mujeres en los asentamientos: “son víctimas de trata sexual y laboral, víctimas de violencia machista. Pasan mucho miedo en los asentamientos”. Por su parte, Keltouma Amagrout, trabajadora de Huelva Acoge ha denunciado en primera persona la invisibilidad de todas estas personas: “solo nos quieren ver en el campo. No nos quieren ver en las tiendas, en los bares”, ha sostenido.
No es la primera vez que la situación de los asentamientos ilegales de Andalucía llega a la capital comunitaria. En marzo de este año, y también a iniciativa de Manu Pineda, se registró en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una iniciativa para que las instituciones europeas “tomasen medidas urgentes”. En esa ocasión el Coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, señaló la “dejadez” de la Junta de Andalucía como una de las principales causas de la situación actual.
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