Tras la decisión del Ministerio del Interior de colocar nuevamente en lo alto de la doble verja que rodea Melilla las llamadas concertinas –es decir, cuchillas que se entremezclan entre los alambres para evitar que las personas escalen la valla-, Andalucía Acoge vuelve a mostrar su rechazo ante políticas que vulneran gravemente los Derechos Humanos.
Andalucía Acoge quiere recordar que estas “medidas disuasorias” fueron eliminadas por la presión nacional e internacional de multitud de organizaciones sociales e instituciones de defensa de los Derechos Humanos, que alegaron que estos elementos causan daños físicos impropios de un Estado de Derecho. También hubo posicionamientos en este sentido desde las propias administraciones públicas, ya que el Defensor del Pueblo de la época, Enrique Múgica, expuso en su informe de 2005 que las concertinas ponían “en serio riesgo la vida y la integridad de las personas” y el que era por entonces Delegado del Gobierno en Melilla, D. José Fernández Chacón, resaltó en 2007 el carácter humanitario de la retirada de las mismas.
Siete años después, Andalucía Acoge rechaza nuevamente la decisión de colocar las concertinas en la valla y exige que se dé marcha atrás, puesto que, como puntualiza el Secretario General de la organización, Mikel Araguás, “la colocación de elementos disuasorios en el vallado no debe suponer en ningún caso el uso de objetos que atenten contra la integridad física e incluso la vida de las personas, derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española”.
La Presidenta de Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki, además de sumarse a las críticas por la vulneración a los Derechos Humanos y por anteponer la idea de la “Europa Fortaleza” a la “Europa de los Derechos y las Libertades”, quiere recordar que, tal y como se está demostrando en las últimas semanas en las fronteras del continente, ninguna de estas medidas “va a conseguir que las personas que huyen de la inestabilidad política y social de sus países de origen cesen en su intento de entrar en Europa”.
Las declaraciones de responsables políticos europeos ante tragedias como la sucedida semanas atrás frente a las costas de Lampedusa, en las cuales muestran su consternación por la pérdida de numerosas vidas humanas, contrastan fuertemente con las decisiones políticas que las propias instituciones europeas toman en materia de inmigración. Las políticas de extranjería insisten en blindar las fronteras de Europa y en perseguir y criminalizar a aquellos que emprenden un proyecto migratorio, sin dedicar medios y esfuerzos a la mejora de la situación de los países en origen, única medida eficaz para evitar que las migraciones no sean forzadas sino voluntarias. Por otra parte, la falta de vías para migrar de forma regular a la UE condena a miles de personas a la clandestinamente, lo que supone poner en riesgo su integridad física y sus vidas. Es por eso que desde Andalucía Acoge insistimos en que las muertes en la Frontera Sur de Europa no son meros accidentes, sino la consecuencia de estas políticas que, lejos de abordar las causas de las migraciones, pretenden detener a toda costa a las personas migrantes.
Por ello, Andalucía Acoge reivindica una vez más que se antepongan los Derechos Humanos a las políticas de control de fronteras e informa que, tal como hiciera hace siete años, ha apelado a la Defensora del Pueblo, Doña Soledad Becerril, para que esta institución vuelva a posicionarse contra una medida que pone en compromiso la vida de las personas.
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