La Federación Andalucía Acoge considera que la Ley de Tasas debe ser derogada inmediatamente, para proceder a continuación a reformar el Sistema de Administración de Justicia de forma más pausada, contando con todos los agentes implicados: fiscales, secretarios judiciales, funcionarios públicos, abogados, procuradores de los tribunales, entidades sociales y usuarios

 

La Ley de Tasas, aprobada por Ley 10/2012 y que entró en vigor el 22 de noviembre, alienta una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo así el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos. Una muestra de ello son las personas extranjeras: con independencia de su situación administrativa, recurrir les costará 290 € y otros 800 € apelar, importes absolutamente impeditivos para una economía normal, mientras que la Abogacía del Estado podrá recurrir sin coste alguno.

Resulta evidente el enorme perjuicio que las nuevas tasas suponen para la persona extranjera, que queda en una situación de mayor inferioridad si cabe frente a la Administración. Lo que supone una limitación de la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) al desaparecer de facto la segunda instancia judicial, y una vulneración del principio de igualdad (artículo 14 CE).

Además, respecto de la Asistencia Jurídica Gratuita, resulta esencial mantener el modelo actual y defenderlo frente a las tentaciones de llevar a cabo “tijeretazos”, apostando por solucionar las disfunciones detectadas y los retrasos en los pagos de las prestaciones realizadas por los letrados.

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