Andalucía Acoge recuerda a las administraciones su compromiso de ofrecer alternativas dignas a la realidad de los asentamientos 

• Un año después del anterior informe, la entidad publica un nuevo documento que vuelve a reclamar el acceso a derechos como el empadronamiento y a visibilizar la gravedad de la discriminación de las personas en los asentamientos 

• La Federación denuncia además lentitud de la administración de ambas provincias a la hora de ofrecer soluciones de vivienda a las personas que viven en ellos 

Andalucía, 7 de noviembre de 2024. Bajo el título ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023’, la federación Andalucía Acoge presenta un informe que vuelve a poner el foco en la defensa de los derechos de las personas que viven en los asentamientos agrícolas de Huelva y la comarca de Níjar (Almería), respaldada por el trabajo que durante décadas realizan sus dos organizaciones asociadas Almería Acoge y Huelva Acoge, un año y medio después de que se presentara el anterior.  

Una de las principales cuestiones que se derivan del informe tiene que ver de nuevo con la falta de alternativas habitacionales dignas para las personas que viven en ellos y que precisamente en estos días, con el paso de la DANA, han sufrido con especial severidad las consecuencias climáticas. El informe vuelve a señalar las malas condiciones de vida en los asentamientos, en los que faltan los servicios más básicos y la discriminación persiste en el acceso a viviendas adecuadas.  

En ese sentido, aunque en los dos últimos años se han impulsado una serie de iniciativas por parte de la Unión Europea, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos, como el Plan EASEN, que generan un contexto más propicio para construir soluciones habitacionales, éstas o son insuficientes, o no se han puesto en funcionamiento, o no terminan  de considerar las necesidades y la participación de la población migrante de los asentamientos, cuestión imprescindible para que sean efectivas. 

Tal como han comentado los equipos de Huelva Acoge y Almería Acoge en la presentación de hoy, los albergues de Lucena del Puerto y Moguer, con 36 y 144 plazas respectivamente, no están actualmente en funcionamiento, siendo el Albergue de Lepe el único recurso operativo en la provincia. Por su parte, el equipo local de Níjar señala que, tras el desalojo de los asentamientos de El Walili y de la Avenida de la Constitución, “no se ha tenido en cuenta la opinión de la población afectada así como que las soluciones habitacionales propuestas respondan completamente a las necesidades de la población”.  

La negación del derecho a la vecindad 

Otras de las cuestiones centrales en todas las localizaciones donde se interviene, es la vulneración sistemática de derechos que se traduce en la falta de acceso al empadronamiento, la vivienda, la atención sanitaria, los servicios sociales o la movilidad. La irregularidad administrativa de muchas de las personas migrantes, por la ineficiencia de la normativa, agrava esta situación. Siendo un problema común en los dos territorios, es fundamental considerar que existen diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses. 

En Níjar, la población migrante no tiene un carácter temporero, sino que se han convertido en vecinos y vecinas, por lo que las políticas y medidas de intervención deberían responder a esta realidad. En los municipios onubenses, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30% y el 40% de la población vive allí de forma permanente. 

Por otra parte, la infradenuncia frente a las vulneraciones de derechos se presenta como una problemática común, aunque con mayor incidencia en Níjar, donde las pocas denuncias formalizadas se dirigieron al Ayuntamiento por poner barreras al empadronamiento. 

El informe, basado en el análisis documental y en entrevistas a informantes clave de la entidad, concluye que garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local y sin crear trabas administrativas disuasorias, así como cambiar la lógica de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una alternativa habitacional digna, son medidas imprescindibles para acabar con esta vulneración de derechos en los asentamientos.