Representantes de Andalucía Acoge, y su asociación federada Huelva Acoge, han viajado hoy hasta Bruselas para mantener varios encuentros con eurodiputados/as y representantes de la Comisión Europea. El objetivo de estas reuniones es abordar la situación de vulneración de derechos de las personas que viven en los asentamientos de trabajadores/as temporeros/as en Huelva y Almería e instar al cumplimiento de la normativa comunitaria de protección de las personas migrantes.

Las reuniones comenzarán a las 10 de la mañana con representantes de la Comisión Europea del gabinete del comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmidt. Posteriormente está prevista una rueda de prensa en la sala de prensa del Parlamento Europeo. La visita a Bruselas continuará con más reuniones de carácter bilateral con eurodiputados y eurodiputadas, tanto del Grupo de la Izquierda, a la que asistirá Manuel Pineda e Isabel Rodríguez-Palop, como del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, con la presencia de Lina Gálvez y Clara Aguilera; así como del Grupo del Partido Popular Europeo, a la que acudirá la asistente del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, Alejandra Ramírez.

Entre los temas clave que se abordarán hoy, estarán sobre la mesa el estado de la petición de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para que se investiguen las denuncias de vulneración de derechos fundamentales en los asentamientos en las provincias andaluzas de Huelva y Almería. También la admisión a trámite de la Directiva de Diligencia Debida, conocida como huella social, que persigue garantizar que las empresas que operan en la UE adopten medidas para identificar, mitigar, eliminar o combatir la vulneración de derechos y los daños al medio ambiente de las mismas.

 Asimismo, tanto en la rueda de prensa como en estos encuentros, se tratarán los datos más importantes del informe recientemente presentado por Andalucía Acoge ‘Consecuencias de la Discriminación en los asentamientos de la provincia de Huelva y la Comarca de Níjar en Almería’, en el que se recogen las situaciones de discriminación y de vulneración de derechos y se realizan propuestas de mejora a las administraciones. 

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