En 1996, el primer año de gobierno popular expulsa de forma ilegal a ciento tres inmigrantes africanos. Su presidente, José María Aznar argumenta: «teníamos un problema y lo hemos solucionado». El problema era la concentración de inmigrantes subsaharianos en Ceuta y Melilla y la imposibilidad de expulsarlos sin violar la ley. La solución consistió en sedarles con alopedirol y embarcarlos en un vuelo militar. La prensa cubre el hecho con espanto y Andalucía Acoge se querella contra el gobierno por estas expulsiones, que son declaradas ilegales. Sus víctimas no son devueltas a España y uno de ellos fallece en una cárcel al llegar al destino, pero se consigue que este comportamiento no se repita más y el gobierno percibe que debe ser más cuidadoso con el marco legal en extranjería.
Un año después del estreno del actual gobierno socialista la historia vuelve a repetirse. Hemos asistido a la devolución de setenta y seis subsaharianos en un proceso muy similar. Esta vez no hay vuelos militares, no hay alopedirol, no hay declaraciones sobre problemas y soluciones, pero el asunto se muestra igual de turbio que entonces y el gobierno ha de explicar su falta de talante en materia de extranjería.
Tras los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, el número de inmigrantes en estas ciudades desbordó la capacidad de sus centros de acogida y se decidió trasladar a un primer grupo de ellos al Centro de Internamiento de Fuerteventura. Pasan por comisaría y se dictan los correspondientes autos de internamiento. pero sólo unas horas más tarde la policía pide al juez suspender estos internamientos y traslada a estos inmigrantes a Málaga para devolverlos a Marruecos desde Algeciras. Esta devolución se produce bajo la apariencia legal de un acuerdo firmado con Marruecos en 1992 y que no se estaba aplicando, pero que se reactiva en tiempo record.
La prensa ha recogido que el Rey ha sido pieza clave en esta reactivación, pero sin duda alguien de dentro del Estado toma la decisión de usar dicho acuerdo y es, por tanto responsable de sus consecuencias. Según constató recientemente el Consejo General de la Abogacía, se les trasladó a Marruecos sin que el cambio de procedimiento fuese comunicado a sus letrados, vulnerando el derecho a la asistencia jurídica. Además, se ha impedido a estas personas solicitar asilo, si fuese el caso. ACNUR ha confirmado que hasta seis de los que han resultado devueltos a Marruecos había solicitado la condición de refugiado en este país, por tanto, es muy probable que lo hubieran pedido también en España. Hablamos de un derecho que está en extinción en Europa, pero que la situación actual de muchos países en África nos tiene que hacer pensar en su necesaria revitalización.
De momento el actual gobierno ha anunciado que suspende estas devoluciones como entonces hizo el PP, el Ministro de Exteriores ha acordado celebrar en Marruecos una cumbre Europa-África sobre inmigración y la vicepresidenta primera del gobierno ha visitado la zona para asegurar un escrupuloso respeto de los derechos humanos. En el episodio del 96, el gobierno del PP llegó a asegurar que «se comería las uvas sin un inmigrante en Ceuta y Melilla». Estos intentos de acabar rápidamente con problemas complejos usando soluciones mágicas son fruto de una cierta presunción que puede excusarse. Lo que es más difícil de excusar es que no se dé ninguna explicación ante las graves acusaciones de irregularidad.
José Luis Rodríguez y Manuel Enciso
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