El Juzgado de 1ª instancia y de Instrucción número 2 de Melilla ha dictado auto de imputación penal contra el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla por el presunto delito de prevaricación, en el caso de las devoluciones en caliente de personas inmigrantes ocurridas el pasado 18 de junio y 13 de agosto, “al ser la persona que dicta la Orden de Servicio 6/2014 titulada Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras, fechada el día 11 de abril de 2014 y ser la persona al mando del dispositivo”, según el texto literal de la decisión judicial.

El auto es resultado de las diligencias acordadas por el Juzgado el pasado 4 de agosto, a partir de la querella presentada en julio por Andalucía Acoge, la Federación de SOS Racismo y P.R.O.D.E.I.N-Melilla, basada de un vídeo grabado en el que se aprecia como policías de Marruecos y guardias civiles, en el espacio entre vallas, conducen a un grupo de inmigrantes para realizar una “devolución” en caliente.

Sobre el auto, José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge destaca tanto el papel del juez que “ha entendido que había motivos suficientes para actuar de oficio y llevar a cabo las diligencia” como la definición de los límites de la frontera entre España y Marruecos en Melilla “reconociendo que la zona entre vallas es territorio nacional, utilizando para ello una amplia argumentación fundamentada y basada en convenios internacionales”.

Para éste, la imputación del mando de la Guardia Civil supone que “el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales” por ello, el juez “da a entender que en el procedimiento llevado a cabo los dias 18 de junio y 13 de agosto no se ha solicitado la aplicación del convenio de Readmisión firmado con el Reino de Marruecos. Por ello, la imputación del Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil es el primer paso de un proceso penal para acabar con esta práctica”.

Mikel Mazkiaran, Secretario General de SOS Racismo, reflexiona sobre esta cuestión: “Ésta ha sido la tónica hasta ahora: desmentir lo que es evidente. No es sólo una cuestión de un mando de la Guardia Civil que supuestamente comete un delito o de los efectivos de las fuerzas de seguridad que cumplen órdenes. Es una política deliberada la que genera el drama que se está viviendo en la Frontera Sur de Europa”,

Asimismo, en palabras de José Palazón, presidente de PRODEIN, el auto trae consigo una clara advertencia: “Cualquier agente público que viole la legislación nacional o internacional, y dicte resoluciones injustas, podría verse ante los tribunales. Nadie podrá esgrimir el principio de la obediencia debida para incumplir la ley”.

Por último, las organizaciones firmantes recuerdan que este auto contradice las palabras del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en las que de forma reiterada –incluso en el Senado- desmentía la existencia de estas prácticas: “sólo desde el desconocimiento puede llamarse devolución en caliente porque lo que es, es un rechazo en frontera”. Por este motivo, solicitan al gobierno una explicación pública y urgente sobre esta cuestión, así como que con carácter inmediato y cautelar ordene que se ponga fin a las devoluciones en caliente por atentar contra la legislación vigente.

Link al auto del juzgado de Melilla

Comparte:
FacebooktwittermailFacebooktwittermail