Con motivo de las irregularidades que se vienen observando en materia de fronteras por parte del Estado español, sumadas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende legalizar las llamadas “devoluciones en caliente”, en Andalucía Acoge hemos puesto en marcha la campaña Justicia en la Frontera. La Federación de ONGs pretende con esta iniciativa recaudar fondos con los que afrontar los costes de las numerosas acciones legales que ha emprendido con el objetivo de denunciar las vulneraciones de Derechos Humanos que se producen, con demasiada frecuencia, en las zonas fronterizas de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Actualmente, la política del Gobierno español en materia de inmigración y fronteras está siendo más cuestionada que nunca, ya que parece que todos los esfuerzos van encaminados a impedir la entrada de personas no comunitarias, empleando para ello métodos que vulneran la legalidad internacional. Estas medidas no solo son ineficaces –ya que la gente seguirá migrando, por más dificultades que encuentre en el camino-, sino que además son profundamente injustas. La actual gestión de fronteras condena a las personas a la clandestinidad, las empuja a jugarse la vida en su proceso migratorio y las despoja de sus derechos fundamentales.
Para José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, “Es fundamental que utilicemos todas las herramientas legales a nuestro alcance para que los tribunales se pronuncien sobre las actuaciones irregulares que está llevando a cabo el Gobierno de España en materia de inmigración”. Todos estos procesos (como el que derivó en la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por permitir las devoluciones en caliente o el juicio por abusos sexuales en el CIE de Málaga), tienen unos gastos que hasta ahora ha asumido Andalucía Acoge de forma particular. “Las tasas judiciales o los desplazamientos, suponen un desembolso económico que no podemos afrontar sin la colaboración de la ciudadanía”, añade.
A través de la web www.justiciaenlafrontera.com, la organización solicita financiación para que el equipo de trabajo de Andalucía Acoge, con más de veinte años de experiencia, pueda seguir utilizando la herramienta más eficaz de la que se puede disponer para evitar estas prácticas abusivas y no ajustadas a derecho: la incidencia jurídica.
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