Consideran que la reforma constituye una oportunidad y tiene aspectos positivos, pero lamentan que el tiempo de aportaciones de los diferentes agentes sociales esté condicionado por la tramitación de la vía de urgencia.
Una alianza de cinco organizaciones formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge, con experiencia directa en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, presentaron ayer, en el portal de Transparencia, un informe jurídico con aportaciones al borrador de reforma del Reglamento de Extranjería.
Reconociendo los aspectos positivos que recoge el borrador, las organizaciones plantean, como ya lo hicieron en junio de 2021, la necesidad de ser más ambiciosos abordando aspectos que la reforma no incluye y proponiendo mejoras técnicas en el texto del articulado.
Estas entidades consideran imprescindible subrayar que esta modificación normativa continúa reforzando la idea de vincular inmigración y mercado laboral. Además, obvia que, por encima de todo, a estas personas se les debe reconocer la condición de ciudadanos de pleno derecho más allá de la coyuntura del mercado laboral.
Asimismo, lamentan que el tiempo de aportaciones de los distintos agentes sociales esté condicionada por la tramitación de la vía de urgencia. “Consideramos imprescindible que más allá de cumplir con los trámites del procedimiento, se abra un diálogo con la sociedad civil para que desde nuestra práctica diaria podamos lograr una reforma de mayor alcance del reglamento de extranjería”, señalan.
Las cuestiones que las organizaciones consideran que deben ser abordadas están dirigidas a flexibilizar y favorecer el derecho a la reagrupación familiar, el fomento de los visados de búsqueda de empleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral de los solicitantes de protección internacional.
Flexibilizar la reagrupación familiar
Actualmente, los procesos de reagrupación familiar son largos, complejos y costosos, poniendo en entredicho el derecho a la vida en familia reconocido por los tratados internacionales y por la propia ley de extranjería. Flexibilizarlos supondría fomentar una vía legal y segura de acceso a nuestro territorio. Aunque en la práctica, algunos aspectos han sido flexibilizados mediante Instrucciones dictadas por la Dirección General de Migraciones, es necesario dotar esos cambios de estabilidad normativa.
Autorizaciones de búsqueda de empleo
La reforma puede constituir, según señalan estas organizaciones sociales, una oportunidad para profundizar en los visados de búsqueda de empleo como vía de acceso legal y segura permitiendo la entrada y permanencia legal en España durante la vigencia de este, así como su ágil intercambio por un permiso de residencia y trabajo en caso de que se formalice un contrato o se emprenda un negocio por cuenta propia.
Solicitantes de protección internacional
Dada la concurrencia de campos entre la normativa de extranjería y la normativa de protección internacional, aun teniendo objetivos diferentes, resulta imprescindible una articulación adecuada de dichas normativas.
Las organizaciones proponen, además, mejoras técnicas al articulado concreto del borrador de reforma, buscando una mayor eficacia de los procedimientos y garantizando los derechos de las personas migrantes y de sus familias.
El texto planteado por el Gobierno no recoge una regularización extraordinaria de personas extranjeras, cuestión que las cinco organizaciones consideran necesario puntualizar y que como sociedad consideran necesario abordar.
Por último, las organizaciones han pedido al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Derechos Sociales reuniones para poder trasladar con la máxima urgencia estas propuestas, convencidos de que este diálogo tendrá como fruto una mejor regulación, objetivo compartido por todos.
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