La operación de rescate y asistencia se convirtió en un largo periodo de privación de libertad sin poner a las personas inmigrantes a disposición judicial en el plazo que estipula la ley. 

Buena parte de los inmigrantes llegados entre los días 11 y 12 de agosto en pateras a las costas de Cádiz, y desalojados ayer del Polideportivo de Tarifa, estuvieron privados de libertad sin ser puestos a disposición judicial en el plazo de 72 horas, como lo estipula la ley.

Ésta es la denuncia que la Federación Andalucía Acoge y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) llevan haciendo desde el pasado miércoles, día 20 de agosto, ante organismos nacionales e internacionales, intentando poner freno a la situación de ilegalidad manifiesta. 

“Aunque el Gobierno quiera tildar de mera operación de rescate y asistencia al conjunto de las acciones llevadas a cabo entre los días 11 y 25 de agosto, lo cierto es que no se le permitía a quienes estaban en el polideportivo la libertad de movimiento, que es un derecho constitucional. Por tanto, un gran número de personas han estado detenidas ilegalmente, ya que no se les puso a disposición de un juez en el plazo máximo de 72  horas y sin asistencia letrada. Eso es un hecho”, afirma Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA. 

Las dos entidades llevaron a cabo la semana pasada una serie de actuaciones tendentes a poner fin a esta grave situación. A nivel nacional, pusieron el caso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, instándole a iniciar un habeas corpus, y presentaron Queja a la Oficina del Defensor del Pueblo. “El Juzgado de Instrucción número 2 sorprendentemente ha resuelto declarando que existía detención, pero que no es incorrecta por no existir privación de libertad. La pregunta es clara: ¿cómo se puede detener adecuadamente a alguien sin privarle de libertad?”, puntualiza José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, quien añade: “Pero la cosa no queda ahí, dado que el auto, a continuación, se contradice y declara que no ha habido detención porque esos inmigrantes no han cometido ningún delito.” 

“También decidimos elevar el caso a nivel internacional, presentando un recursos urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria e informando de la situación al Relator Especial para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, ambas instancias de Naciones Unidas. Aún esperamos su respuesta. También esperamos el pronunciamiento del Comité de Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa”, informa Valentín Aguilar. 

Andalucía Acoge y APDH-A destacan el trabajo profesional y humanitario de las ONG que han estado en contacto directo con los inmigrantes durante su estancia en el polideportivo de Tarifa, pero alertan para el peligro de crearse una cortina de humo que oculta ilegalidades manifiestas al poner de relieve sólo la parte solidaria del operativo de rescate y atención de 1240 personas.

“A las instituciones y autoridades implicadas en este asunto parece que no les importa la privación de libertad que experimentaron estas personas. Total, si estuvieron muy bien atendidas: tuvieron mantas, comida, atención sanitaria, un techo. El trabajo de las ONG ha sido irreprochable y no queremos ponernos por encima de aquellos que dedicaron días enteros a la atención de las personas inmigrantes. Pero es nuestro deber como organizaciones que defienden los derechos humanos llamar la atención para la violación de garantías constitucionales y de los procedimientos legales establecidos”, concluye el coordinador general de APDHA.


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