Granada Acoge surge en 1987, cuando un pequeño grupo de personas deciden dar una respuesta solidaria a una nueva realidad que comienza a aparecer por las calles de la ciudad: en su paso diario por San Juan de Dios, observan que algunos hombres senegaleses han llegado a Granada y se dedican a la venta ambulante, lo que las lleva a reflexionar sobre su posible desarraigo y la falta de herramientas para desenvolverse en un medio desconocido. Por este motivo, crean una asociación dedicada a acoger a estos nuevos vecinos granadinos procedentes del continente africano.
Con el tiempo, la asociación se fue consolidando y ampliando su base social, lo cual permitió sistematizar el trabajo e incrementar las actividades, adaptándose constantemente a los cambios sociales que vivía España. 25 años después hemos atendido a más de 50.000 personas, con la ayuda de unos 800 socios y voluntarios que han dedicado su tiempo y esfuerzo a apoyar desinteresadamente un proyecto que apuesta por la construcción conjunta de una sociedad más justa, plural e igualitaria. Además, la creación en 1991 de
Actualmente, los usuarios de Granada Acoge tienen perfiles muy variados, aunque cabe destacar que tres cuartas partes de las personas atendidas son mujeres, que el colectivo latinoamericano es el más representativo y que las personas documentadas exceden con creces a las que se encuentran en situación administrativa irregular. Gracias al trabajo coordinado entre las distintas áreas de la entidad, no se realizan intervenciones puntuales, sino que se presta una atención integral a través de los siguientes programas: acogida (orientación, valoración y derivación), sociosanitario, jurídico, vivienda, sociolaboral, lengua y cultura, así como el trabajo específico con jóvenes y niños. Por otra parte, desde el área de sensibilización se busca propiciar el conocimiento mutuo, desmontando prejuicios y creando espacios de encuentro: así, a través de distintas estrategias –en otros, los talleres de interculturalidad en centros educativos, la muestra anual de cine, la revista, las fiestas o nuestras tardes del té semanales-, buscamos contribuir a la construcción de una ciudadanía participativa, crítica e inclusiva.
La coyuntura actual
La crisis económica ha tenido un gran impacto en la población inmigrante, puesto que la destrucción de empleo se ha dado en sectores fuertemente ocupados por trabajadores extranjeros, y desde algunos años son principalmente las mujeres las que están afrontando la economía familiar, gracias a su trabajo en el empleo doméstico y el cuidado de ancianos. Aunque la crisis golpea al conjunto de la sociedad, la dependencia de un contrato de trabajo para tener la documentación en regla y la ausencia de redes familiares en las que apoyarse son obstáculos adicionales que han dificultado enormemente la subsistencia diaria de muchas familias extranjeras.
Otra consecuencia de la crisis es la fuerte disminución de fondos públicos destinados a fines sociales, que pone en peligro muchos de los proyectos que trabajan por la autonomía de personas en riesgo de exclusión, y la beneficencia aparece como única salida posible para miles de hombres y mujeres que se ven obligados a acudir a unos servicios de atención a necesidades básicas cada vez más colapsados. Los recortes económicos ponen en peligro, además, el respeto a derechos fundamentales, y un claro ejemplo de ello es la reciente promulgación del Real Decreto Ley 16/2012, que niega la atención sanitaria a personas indocumentadas
La gravedad de la situación nos convence de que ahora, más que nunca, es imprescindible que estas personas y sus familias encuentren alternativas para salir adelante de forma autónoma, por lo que hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que siga apoyando iniciativas que, a pesar de las dificultades, apuesten decididamente por combatir la exclusión y por luchar en favor de una mayor justicia social.
Nadie “sobra” en tiempos de crisis
Las políticas migratorias europeas valoran la presencia de los inmigrantes únicamente en función del beneficio económico que aportan a los países en los que residen, y es por eso que el proceso de adquisición y retención de la documentación depende de la obtención de un contrato de trabajo. De esta forma se les considera simple mano de obra y se les niega el estatus de ciudadanos con plenos derechos. Esta visión de la inmigración tiene como consecuencia que los autóctonos sigan viendo a sus vecinos inmigrantes como “otros” que deben retornar a sus países cuando la situación económica se agrava.
Sin embargo, la mayor parte de las personas procedentes de otros países han echado raíces en la sociedad de acogida y tienen vocación de permanencia; se identifican con la nueva realidad y deciden criar en ella a sus hijos. Forman parte de la sociedad cambiante que se ve enriquecida con la diversidad. Así, la integración no es una tarea que corresponde solo a los extranjeros, sino que la población en su totalidad debe realizar un esfuerzo común para construir conjuntamente el tipo de sociedad en que queremos vivir.
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