Siguiendo con la ronda de contactos que están realizando los más de 50 colectivos firmantes del dossier -entre los que está Andalucía Acoge-, en el día de hoy una delegación de la misma, se entrevistó con D. Francisco Martínez –Secretario de Estado de Seguridad- para mostrar sus preocupaciones sobre los hechos acaecidos el 6 de febrero que causaron la muerte a 15 personas.

Con motivo de la presentación del dossier con el análisis y valoración de lo sucedido en Ceuta a la Comisaria de Interior de la Unión Europea y al Consejo de Europa, las organizaciones sociales firmantes de dicho documento, presentaron al Secretario de Estado sus preocupaciones sobre lo sucedido, así como la necesidad de esclarecer los hechos y fijar las responsabilidades a que haya lugar.

Los movimientos sociales cuestionaron el uso por parte de la Guardia Civil de material antidisturbios sobre personas que trataban de llegar a nado a territorio español.

Por otro lado, plantearon lo que entienden como práctica ilegal de expulsiones colectivas y sin procedimiento alguno de personas llegadas a Ceuta y Melilla, práctica que lleva desarrollándose en los últimos años y que ha sido denunciada por parte de diferentes colectivos sociales, así como el Defensor del Pueblo español. Sobre este hecho, las organizaciones informaron al Secretario de Estado de la presentación en los últimos días de una petición a la Delegación del Gobierno en Ceuta para el cese por la vía de hecho de estas prácticas.

En tercer lugar se planteó que las devoluciones “en caliente” impiden el acceso a la protección que garantiza la ley a demandantes de asilo, víctimas de trata y menores que llegan a territorio español.

Las organizaciones trasladaron al Secretario de Estado su preocupación por la imagen amenazante que se está transmitiendo en la opinión pública de quienes están llegando en las últimas fechas a Ceuta y Melilla, que distorsionan su papel de víctimas y en base a un dimensionamiento que cuestionan.

Por último, el Secretario de Estado y las organizaciones abordaron la necesidad de buscar medidas alternativas a las políticas de control de fronteras actuales, así como la implicación de la Unión Europea y del gobierno español a la hora de buscar soluciones que no centren la discusión únicamente en la gestión de fronteras.


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